   Los pueblos indígenas reclaman por derechos que permanecen incumplidos,
   por eso es más eficiente canalizar la protesta que reprimirla

   Abdullah Ocalan, el líder independentista kurdo, desembarcó en Italia en
   noviembre de 1998 y pidió asilo político. Arrastraba un pedido de captura
   de Turquía, donde era acusado por terrorismo. El ex comunista Massimo
   D'Alema, recién asumido, dudaba. Acoger a Ocalan implicaba comprarse un
   problema con un aliado de la OTAN e importar un conflicto ajeno, pero
   deportarlo lo exponía a la pena de muerte, legal en Turquía pero
   inadmisible en la Unión Europea. Optó por la estrecha avenida del medio:
   se ignoró el mandato de captura al tiempo que se negó el asilo,
   presionando a Ocalan para que se fuera por las suyas. Tras una carambola a
   tres bandas, fue capturado por agentes turcos en Kenia, donde se
   encontraba bajo la protección del embajador griego, mientras intentaba
   abordar un avión hacia Holanda. Desde febrero de 1999 permanece en una
   cárcel de máxima seguridad en la isla turca de Imrali.

   Uno de los autores de esta columna vivía en Italia en esa época y siguió
   la crisis de cerca; el otro la estudió en profundidad, años más tarde.
   Pero no hacía falta: cualquiera puede encontrar esta información a un clic
   de distancia. Eso fue lo que no hizo un periodista de un diario argentino,
   que no es la nacion. La semana pasada se publicaron extractos de un
   "informe de carácter secreto" que mencionaba supuestos contactos
   internacionales de organizaciones mapuches. Entre ellos aparecía Ocalan, a
   quien el informe ubicó "con domicilios en Palermo y en el centro porteño",
   y aseguraba incluso que había sido visto "en Neuquén, Río Negro y Chubut
   durante el juicio a Jones Huala".

   Foto: LA NACION

   Esta falsa noticia fue la más rocambolesca de una larga cadena. Dos hechos
   quedaron en evidencia: primero, que hay periodistas que no chequean la
   información; segundo, que los servicios de inteligencia los utilizan para
   manipular la agenda pública. Y sobre los servicios hay dos posibilidades:
   o son burros o son perversos. Las opciones no son excluyentes, aunque
   cualquiera alcanza para tornarlos indignos de confianza. Sin embargo, de
   ellos proviene la información que alimenta a muchos medios de comunicación
   y, aún más grave, al Estado argentino.

   El reguero de noticias falsas y vínculos brumosos tiene, paradójicamente,
   un objetivo prístino: asociar la acción de los grupos mapuches con el
   terrorismo internacional. Comunicadores, analistas y escritores alineados
   con el discurso oficial llegaron a relacionar las ideas de las
   organizaciones patagónicas con las de Estado Islámico (ISIS) de Irak y
   Siria. El terrorismo carece de definiciones consensuales y ha sido
   utilizado para emparentar cosas bien diferentes. Aunque el líder mapuche
   más radicalizado (y menos representativo) declare que propician "un
   proceso de construcción de autonomía sin pedirle permiso al Estado",
   vincular a un grupo que reclama tierras en la región de sus ancestros con
   otro que busca gobernar el mundo según sus normas religiosas y ha
   masacrado a miles de personas requiere de una operación intelectual tan
   audaz como inadecuada.

   La asociación con el movimiento kurdo, en cambio, asoma menos inverosímil.
   Desde su arresto, Ocalan transformó su pensamiento: de una visión
   nacionalista con inspiración estalinista evolucionó al confederalismo
   democrático, una propuesta de organización comunal, ecologista, más
   apegada a las raíces locales que a las fronteras nacionales. Parece lógico
   que esas ideas resuenen en agrupamientos indígenas, que reivindican una
   organización anterior a la consolidación de los Estados sudamericanos. Los
   paralelos, sin embargo, terminan allí. En Chile, donde el conflicto ha
   tenido su desarrollo más dramático, la Sociedad de Fomento Agrícola
   denunció en 2014 que los insurrectos causaron daños por 10 millones de
   dólares y la muerte de tres agricultores y un carabinero a lo largo de 15
   años; en la Argentina, por ahora, se registran actos de vandalismo,
   ocupaciones de tierras y cortes de rutas aislados. En contraste, el
   conflicto entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y la
   República de Turquía se cobró cerca de 40.000 vidas en los años 90 y lleva
   más de 2000 desde la reanudación de hostilidades en 2015.

   Consultada sobre esta desproporción, una fuente de los servicios nos la
   resumió así: "La estrategia de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), de
   Chile, y ahora de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), más que matar
   directamente, es realizar sabotajes, movilizaciones, ataques a iglesias y
   empresas y mucha prensa". ¡En Medio Oriente pagarían por un terrorismo
   así! Ningún hecho de violencia debe ser minimizado, pero las analogías no
   resisten prueba.

   La "cuestión mapuche" es social antes que policial. La Constitución manda
   "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
   argentinos. Garantizar el respeto a su identidad?; reconocer la personería
   jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las
   tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y
   suficientes para el desarrollo humano". Estos derechos permanecen
   incumplidos. Y no son un capricho chavista: los países que reputamos
   serios también los reconocen. En Estados Unidos, las reservaciones
   indígenas ocupan 80.000 kilómetros cuadrados, el 1,3% de la superficie del
   país (y 400 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). En Canadá,
   unas 2300 reservas ocupan 28.000 kilómetros cuadrados. Australia otorga a
   los pueblos indígenas más de la mitad de los territorios del norte del
   país y son los nativos quienes negocian con las empresas mineras los
   permisos para que operen en sus tierras. En Nueva Zelanda existen
   tribunales especiales con jurisdicción sobre las tierras ancestrales de
   los maoríes; una de sus ventajas es que empoderan a los aborígenes
   individualmente, liberándolos del yugo de los caciques.

   La protesta social es indisociable de la democracia. Cuando desborda,
   recanalizarla es más eficiente que reprimirla: ahí reside el arte del
   acuerdo. En la Argentina la tarea es delicada porque pocos confían en la
   imparcialidad de las instituciones. Entonces, cada actor reivindica sus
   intereses con los medios de que dispone: los sindicatos hacen huelga, los
   estudiantes toman colegios, los empresarios cierran las fábricas y todos
   hacen piquetes. El politólogo Samuel Huntington definía una sociedad así
   como pretoriana y el jurista Carlos Nino llamó a la Argentina "un país al
   margen de la ley". Al movilizarse por sus derechos y desconfiar del
   Estado, la comunidad mapuche se demuestra bien argentina.

   Las cinco provincias patagónicas tienen una población similar a la de La
   Matanza. A diferencia de los Estados Unidos, que se integraron hacia el
   oeste otorgando parcelas de tierra a los colonizadores, y de Brasil, donde
   el rol de ocupación y desarrollo territorial fue cumplido por las fuerzas
   armadas, la Argentina obvió la tarea integradora tras consolidar su
   soberanía a finales del siglo XX. Hoy sobra tierra y falta gente. Gobernar
   sigue siendo poblar, pero también integrar.

   Seamos claros: ningún individuo u organización tiene derecho a violar la
   ley. Pero el problema histórico del Estado argentino no fue tanto quiénes
   lo desafiaron como quiénes lo gobernaron. Cambiemos.

   Andrés Malamud es politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa.
   Martín Schapiro es abogado administrativista y analista internacional
